El reto global 

A fin de avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, necesitamos instituciones públicas eficaces e inclusivas que puedan proporcionar educación y asistencia sanitaria de calidad, aplicar políticas económicas justas y brindar una protección inclusiva del medio ambiente. Los delitos que amenazan los cimientos de las sociedades pacíficas, incluidos los homicidios, la trata y otros tipos de delincuencia organizada, así como las leyes o las prácticas discriminatorias, afectan a todos los países. Incluso las democracias más consolidadas del mundo se enfrentan a enormes dificultades en su lucha contra la corrupción, la delincuencia y las violaciones de los derechos humanos en sus propios países. 

El Objetivo 

El ODS 16 busca conseguir la Justicia y su corolario, la paz, así como facilitar el derecho fundamental de acceso a la justicia para los más desfavorecidos, reforzar la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, y aplicar las nuevas tecnologías a la administración de justicia de forma que esta sea más rápida, ágil y eficaz y cumpla por tanto con su doble labor de castigar al culpable y contribuir a reparar el daño causado sin demoras. 

Algunos datos de España 

En enero del año 2020 España recibió 275 recomendaciones de los Estados miembros de Naciones Unidas dentro del mecanismo del examen establecido por el Consejo de Derechos Humanos. En total, el gobierno español aceptó 252 de las recomendaciones presentadas por los 110 Estados -el 91%-, tomó nota de otras diez sugerencias y aceptó parcialmente otras trece.  

Los Estados miembros de las Naciones Unidas elaboraron muchas recomendaciones en favor de erradicar eficazmente la trata de seres humanos y de mejorar la protección jurídica de sus víctimas en España. El gobierno ha respondido, aceptando la recomendación, e indicando que tiene previsto incluir la trata de personas con fines de explotación sexual en la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (recomendación 106). También acepta y se compromete a reforzar el sistema de acogida de protección internacional (recomendación 249), y a favorecer la inclusión social de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional en situación de vulnerabilidad, especialmente en su acceso a servicios básicos (recomendaciones 24 y 244). 

En julio se adoptó dicho examen y Amnistía Internacional intervino es la sesión para por su parte destacar medidas que considera necesarias para proteger los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, para reforzar un sistema público de salud y para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. 

Posible impacto de la Covid-19: La crisis sanitaria, económica y social de la pandemia ha hecho más patentes las necesidades que existen con respecto a instituciones sólidas y transparentes que den respuesta a esta situación sin precedentes. 

El compromiso de un despacho 

Lograr un futuro sostenible es incompatible si en ese futuro hay personas que viven con sensación de inseguridad o miedo a cualquier forma de violencia, ya sea por la realidad de una guerra, por su procedencia, género, orientación sexual o religión. Es responsabilidad compartida luchar para erradicar cualquier tipo de violencia, inseguridad o injusticia que tenga lugar en nuestro entorno más próximo o en el mundo. 

Es la única vía para lograr una sociedad fuerte, unida y que pueda caminar hacia un futuro próspero. Además, las relaciones económicas son más complejas en lugares en ausencia de paz y complica las relaciones internacionales, la lucha por la paz es un problema global y tanto personas, como empresas y gobiernos deben luchar por alcanzarla. 

La oportunidad  

Los negocios representan el motor principal del crecimiento económico y de la creación de empleos. No obstante, los negocios también conllevan un riesgo para los derechos humanos, para perjudicar a la gente y para el negocio en sí. Hoy en día existe un aumento en la conciencia y en el escrutinio sobre la forma en la que las empresas tienen impacto sobre la gente y las comunidades alrededor del mundo, por lo que incorporar el respeto a los derechos humanos y procesos de transparencia ayuda a mitigar ese riesgo, tanto de impacto negativo en colectivos que se encuentran relacionados con la empresa como de posibles consecuencias para la reputación.